El caso del niño Gabriel Cruz recrudece el debate entre las fuerzas políticas a cuatro días de que tengan que votar definitivamente en el Congreso sobre la derogación de la prisión permanente revisable, la pena introducida en el Código Penal en 2015 con los votos de la mayoría absoluta del PP y que se encuentra recurrida ante el Tribunal Constitucional.La discusión entre las fuerzas políticas se vaticina especialmente tensa al calor del hallazgo del cadáver del menor en el maletero del coche de la novia de su padre tras trece días de angustiosa búsqueda.
Se trata de un caso que podría entrar de lleno en el abanico de asesinatos penados con la prisión permanente revisable porque la víctima es un menor de 16 años y porque existía intento de obstruir la recuperación del cadáver.La prisión permanente revisable es la máxima pena que en la actualidad contempla el Código Penal.
Se trata de la privación de libertad, en principio por tiempo indefinido, aunque sometida a revisiones que pueden permitir la salida de prisión del reo. Así, cumplidos entre 25 y 35 años de condena, el Tribunal debe revisarla de oficio y decidir si debe o no ser mantenida. Este procedimiento se repetirá cada dos años o cuando el preso lo solicite si bien en caso de que la petición sea denegada se podrá establecer un periodo máximo de un año dentro del cual no podrá presentar nueva solicitud.
El objetivo que el PP perseguía al introducir este castigo en el Código Penal era el de evitar que los delincuentes más peligrosos condenados por asesinatos en los que hubieran concurrido circunstancias especialmente graves y que no demuestren capacidad de reinserción, salgan de prisión con el riesgo de volver a poner en peligro la seguridad de las personas.
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